¿Nos engañó AMLO o cambió de opinión?

Cuando se escriba la historia de este sexenio, se tendrá que mencionar el cambio de ciento ochenta grados entre la promesa de campaña de López Obrador y lo que finalmente hizo como Presidente en su relación con los militares. Como candidato, insistió en la necesidad de regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles porque la militarización de la seguridad pública no funcionaba. Luego, ya en el poder, no solo le dio por completo el control a soldados y marinos de la seguridad pública, por medio de la Guardia Nacional, sino que le otorgó decenas de tareas más que le correspondían a los civiles.

López Obrador nos debe una explicación. ¿Por qué cambió de opinión con respecto al papel que jugarían los militares en su sexenio? ¿Por qué en lugar de retirarlos paulatinamente a sus cuarteles para que se dedicaran a la seguridad nacional decidió darles un poder sin precedentes desde que los civiles llegaron a la Presidencia del país con Miguel Alemán en 1946?

¿Cambió de opinión o, en realidad, ése era su plan y mantuvo escondida esta baraja?

Digo esto último por el cable confidencial que envió la Embajada de Estados Unidos en México al Departamento de Estado fechado el 31 de enero de 2006 que se hizo público gracias a WikiLeaks. En él se relata la reunión del entonces embajador Antonio O. Garza con el entonces candidato presidencial del PRD, López Obrador, quien iba acompañado de José María Pérez-Gay (QEPD) y Rogelio Ramírez de la O.

Cito lo que tenía en mente el hoy Presidente hace 16 años de acuerdo a la plática que tuvo con el embajador estadounidense sobre el tema del incremento del consumo de drogas y los programas de combate al narcotráfico:

“AMLO expuso su doble plan para combatir ambos problemas. Primero, dijo, quiere dar más poder y autoridad a los militares en operaciones antinarcóticos porque es la menos corrupta de todas las agencias de México y podría ser la más efectiva. Señaló, sin embargo, que esto requeriría una enmienda constitucional, pero creía firmemente que podía sacarla adelante. También explicó que darle más autoridad a los militares limitaría a la Procuraduría General de la República (PGR), que AMLO consideró demasiado corrupta para liderar la iniciativa antinarcóticos. La segunda parte de la ecuación, según AMLO, sería la consolidación de las dos organizaciones de aplicación de la ley e inteligencia regresándolas a la Secretaría de Gobernación (Segob). Propuso acabar con la Secretaría de Seguridad Pública, y devolver la Policía Federal Preventiva así como el organismo de inteligencia (CISEN) a la Segob. El plan, como dijo AMLO, ayudaría a ahorrar dinero, acabaría con las luchas internas entre agencias y le daría a la Segob un papel más prominente en los problemas internos”.

Esto pensaba AMLO doce años antes de que tomara posesión como Presidente. Claramente ya tenía en mente darle más poder a los militares.

Sin embargo, López Obrador se pronunciaría en contra de la militarización de la seguridad pública conforme se fue incrementando a partir del sexenio de Felipe Calderón. En su última campaña de 2018, AMLO incluso protagonizó varios choques verbales con las Fuerzas Armadas por el tema de las desapariciones forzadas y su partido, Morena, del que era líder máximo, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior que había aprobado la Cámara de Diputados en 2017 y reglamentaba la participación del Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado.

Ahora el Presidente quiere trasladar por completo la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por decreto o modificando las leyes secundarias cuando esto violaría la Constitución que adscribe dicha organización a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo un mando civil.

¿Siempre pretendió AMLO involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, más otras tareas, y lo ocultó o creía que el Ejército y la Marina deberían regresar a sus cuarteles pero luego cambió de opinión cuando llegó a la Presidencia? Si es lo primero, engañó al electorado al no revelar sus verdaderas intenciones. Si es lo segundo, nos debe una explicación detallada de por qué dio un giro de ciento ochenta grados.

Ensenada, B.C.- “Algo que no se veía -dijo el presidente López Obrador el 12 de agosto-y ojalá no se repita porque se agredió a población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente, entonces esto es lo más lamentable de este asunto”.

El mandatario se refería a los hechos violentos de la noche previa, el jueves 11 de agosto, en Ciudad Juárez. De inmediato utilizó estos hechos para reforzar su propuesta de que la Guardia Nacional sea militarizada de manera permanente. “¿Qué hace la policía municipal en Ciudad Juárez si no interviene el Ejército para detener a los responsables de estos crímenes? Entonces, se necesita”.

Los hechos violentos de Juárez, que dejaron un saldo de 11 muertos, entre ellos un niño y cuatro empleados de una emisora de radio, ocurrieron apenas dos días después de los que tuvieron lugar el 9 de agosto en Jalisco y Guanajuato. La expresión del presidente de que “Ojalá no se repita”, por otra parte, pronto cayó por tierra. Ese mismo viernes 12 de agosto hombres armados robaron y quemaron por lo menos 19 vehículos en distintos puntos de Baja California, estado en el que me encuentro en este momento. Si bien esta vez no hubo lesionados, los actos violentos generaron terror a lo largo del estado. Hubo también narcobloqueos, una vez más, en Guanajuato.

La alcaldesa de Tijuana, la morenista Montserrat Caballero Ramírez, emitió un mensaje cuando menos extraño el mismo viernes: “Les pedimos” a los integrantes del crimen organizado “que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”. ¿Quiénes son los que “no les pagaron lo que les deben”?

El subsecretario de seguridad y protección ciudadana, Ricardo Mejía, declaró en la mañanera del viernes: “Parte de